La Ley de Memoria Histórica ha mejorado los derechos que otorgaba la legislación especial de la Guerra Civil en lo relativo a pensiones. De esta forma, se actualizaron los importes de las pensiones de orfandad, cuyas cuantías permanecían inalteradas desde 1980. Con esta medida, se incrementó la cuantía de 13.506 pensiones, que en 2011 ha quedado fijada en 148,66 euros al mes.

La norma también reconoce pensiones a favor de familiares de fallecidos en la Guerra Civil, así como indemnizaciones a los beneficiarios de quienes fallecieron en defensa y de la reivindicación de las libertades y derechos democráticos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977.

En cuanto a las indemnizaciones por tiempos de prisión, la Ley regula unas ayudas para compensar la carga tributaria de las mismas, percibidas entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2007. El plazo para recibir estas ayudas finalizó el 14 de abril de 2008 con 534 solicitudes recibidas, de las que se resolvieron favorablemente 382.

El órgano competente para el reconocimiento de estas prestaciones es la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.