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La Ley de Memoria Histórica incluye la mejora de las indemnizaciones económicas y de las pensiones a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Hasta 2007 existían varias compensaciones que, tras la entrada en vigor de la norma, se han ampliado a familiares de fallecidos en la Guerra Civil, así como los fallecidos por sus actuaciones u opiniones políticas y sindicales, entre otros.

También tienen derecho a recibir una indemnización aquellos que sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía durante más de tres años y que en 1990 tuvieran 60 años. Además, se regula una nueva indemnización a favor del cónyuge supérstite de quien, habiendo sufrido privación de libertad por supuestos previstos en la Ley de Amnistía, fue condenado a pena de muerte efectivamente ejecutada.

Otra novedad de la Ley es la indemnización a los familiares de los fallecidos entre el 1 de enero 1968 y el 31 de diciembre de 1977 en "defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos". Por otra parte, ya antes de la aprobación de la Ley, se instituyeron también ayudas a los conocidos como "Niños de la Guerra", españoles menores de edad que fueron desplazados a otros países, en especial a Rusia, como consecuencia de la Guerra Civil.

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